Las mujeres amenazadas acusaban a los grupos al margen de la ley, tanto al ELN como a las disidencias del Frente 33, de ser los responsables de la mayoría de los asesinatos, pero también escucharon acusaciones en contra de la Policía.
Por Laura Ávila y Alicia Flórez
Colombia, 30 de diciembre (InSight Crime).- Estaba todavía oscuro cuando *Alexandra y *Catalina llegaron a los límites del municipio de Tibú. La carretera estaba sola a esa hora, pero Alexandra sabía que los grupos armados vigilaban las entradas y salidas del municipio, sobre todo la vía que comunica con Cúcuta.
En la entrada del municipio hay un peaje administrado por las disidencias de las FARC y quien entre al casco urbano debe pasar por ahí y, según varios habitantes de Tibú, pagar una cuota que sirve supuestamente para el arreglo de las vías.
Por su lado, el ELN, el grupo guerrillero que opera en Tibú, tiene hombres vestidos de civiles en medio de la vía principal deteniendo a los carros y preguntándoles el propósito de la visita y la duración de la misma.
Inicialmente ese grupo insurgente no parecía estar involucrado en los ataques sistemáticos a las mujeres de Tibú. De hecho, el 3 de junio de 2021, circuló un panfleto del grupo en redes sociales en que insistió que “nuestra organización no está detrás de los videos y asesinatos (…) pero nuestro Frente de Guerra ha ordenado una investigación para determinar quiénes están promoviendo estos asesinatos y desprestigios para tomar correctivos”, asegura el comunicado.
Sin embargo, en febrero de 2022 la Fiscalía acusó al grupo como el responsable de al menos dos de los asesinatos de mujeres ocurridos entre abril y junio de 2021.
Por su parte, Alexandra sabía que los grupos iban a estar vigilando la carretera, pero esa madrugada de agosto de 2021, ella estaba decidida a no detenerse sin importar quien se les atravesara en el camino. Alexandra aceleró y afortunadamente pasaron por los puntos de vigilancia sin mayor problema.
Después de una hora de recorrido, llegaron al sector conocido como la Y de Astilleros, donde la carretera se divide en dos: una vía para Cúcuta, y la otra para El Zulia, otro municipio del Norte de Santander. Alexandra se detuvo, le pidió a Catalina que se bajara de la moto y las dos se pararon allí a esperar.
Alexandra revisó su celular, pero no había mensajes. Ella había pedido ayuda para llevar a Catalina a un lugar seguro, pero su contacto no había respondido.
Pasaron cinco minutos, que parecieron una eternidad, cuando de repente llegó un carro. Lentamente se acercó a ellas, alguien bajó la ventana y le pidió a Catalina que se montara. Alexandra saludó discretamente y luego ayudó a Catalina a montarse, cuando el vehículo volvió a arrancar, ella se quedó mirando hasta que el carro se perdió en el horizonte.
Alexandra se subió a su moto y arrancó nuevamente hacia su casa, esperanzada de que, si todo salía bien, Catalina estaría segura en otro municipio.
Sin embargo, la misión de Alexandra no terminó con Catalina. Era más bien interminable: para esos meses muchas mujeres seguían buscando ayuda para escapar. Llegaron tantas peticiones que Sol y Alexandra empezaron a tomar las declaraciones. Y después de casi 20 meses del primer asesinato, el de Nelly Avendaño, el grupo calcula que ha ayudado a más de 70 mujeres bajo amenazas a salir del municipio, muchas de ellas con sus hijos, padres y parejas.
La mayoría de ellas se fueron a pueblos cercanos donde se podían quedar con parientes y esperar que se calmara la situación. Pero otras se fueron lejos y es probable que no vuelvan nunca.
Después de escuchar decenas de versiones, ellas nos contaron en noviembre de 2021, que habían identificado un patrón: Las mujeres amenazadas eran jóvenes y muchas de ellas habían tenido vínculos sentimentales con algún miembro de la Fuerza Pública o habían trabajado con las fuerzas de seguridad. Sin embargo, Sol y su grupo no pudieron establecer si las mujeres amenazadas habían sido reclutadas como informantes.
De todas formas, este tampoco era un requisito para caer en la lista de víctimas potenciales. Bastaba que les cocinaran, les lavaran la ropa o simplemente les vendieran frutas y verduras.
Adicionalmente, las mujeres amenazadas acusaban a los grupos al margen de la ley, tanto al ELN como a las disidencias del Frente 33, de ser los responsables de la mayoría de los asesinatos, pero también escucharon acusaciones en contra de la Policía.
“Y entonces la situación es de alta complejidad en el territorio… Es como una pelea. Tú me asesinas una y yo una”, concluye una de las mujeres del grupo.
Mientras, el grupo de mujeres continuaba con su labor, los grupos armados observaron. En septiembre de 2021, el ELN llegó hasta la casa de Alexandra en medio de la noche y la amenazó por estar “interponiéndose” en los asuntos de ellos y ayudando a salir a las mujeres.
Alexandra decidió quedarse en Tibú. Pese a que vive con miedo por la amenaza que recibió, ella quería conservar su empleo y seguir ayudando a través de su grupo de mujeres.
Entonces la violencia que empezó impactando a ciertas mujeres de Tibú terminó extendiéndose y afectando a otras mujeres y sus familias, e incluso al grupo de mujeres que decidió ayudar a las víctimas.
Sumado a las amenazas en contra de las lideresas, los asesinatos volvieron.
En diciembre de 2021, Dalgi Liliana Caamaño fue degollada en su propia casa. Además, tenía otra herida profunda en la nuca, al parecer, causada con un machete. En su casa todo quedó desordenado, por lo que las autoridades declararon que se había tratado “de un robo”. Y como en ocasiones anteriores, miembros de la funeraria se encargaron del levantamiento y traslado del cuerpo a Medicina Legal, según informó la Opinión.
En junio de 2022, Nelly Luna Garcés fue asesinada por desconocidos y su cuerpo fue encontrado en una vía que comunica el casco urbano de Tibú con La Gabarra.
Además, en los últimos meses volvieron a circular otros videos misóginos y se recrudecieron las represalias contra los habitantes del municipio, incluyendo niños y niñas, que incumplan las reglas sociales de los grupos armados.
Mientras tanto la institucionalidad parece estar desconectada de la realidad. La Fiscalía General de la Nación aseguró haber esclarecido el 81 por ciento de los casos al emitir órdenes de captura para varios miembros de las disidencias de las FARC y el ELN.
Aunque la institución argumenta que ha avanzado con determinación en el esclarecimiento de casos, aún no hay capturas ni condenas.
Y la violencia contra las mujeres sigue.
*Los nombres de las protagonistas fueron cambiados para proteger su identidad.
